Todo aquel que empiece a trabajar en la Autoridad Fiscal de Mauricio (MRA, por sus siglas en inglés) está obligado a declarar su patrimonio e intereses comerciales, así como los de su cónyuge y los de sus hijos menores (si procede). Cada tres años hay que presentar una nueva declaración. En los últimos años, la MRA ha hecho que la comprobación de la veracidad de la información contenida en dichas declaraciones se convierta en una piedra angular de su marco de integridad. En él se describen los instrumentos (políticas y procedimientos), las estructuras (comités) y los factores culturales (valores) que rigen la forma en que la Autoridad y sus funcionarios practican la integridad, la gestionan y rinden cuentas sobre ella. El proceso solía ser burocrático y aburrido, pero se ha convertido en un mecanismo poderoso para detectar el enriquecimiento ilícito, la evasión fiscal y los conflictos de intereses.

El sistema para la declaración de patrimonio de Mauricio (DOA, por sus siglas en inglés) se apoya en un marco jurídico sólido que cuenta con varios instrumentos legislativos clave:

• La ley de la MRA de 2004, por la que se creó la División de Asuntos Internos (IAF, por sus siglas en inglés) dentro de la MRA. Se encarga de investigar las conductas indebidas de los empleados, incluido el enriquecimiento ilícito, los conflictos de intereses y las irregularidades financieras.
• La Ley de declaración de patrimonio y la Ley de enmienda, que regulan las declaraciones de patrimonio en el sector público. La Ley de enmienda, aprobada en 2019, amplía la definición de “patrimonio” y las categorías de personas obligadas a hacer una declaración de sus activos y pasivos, a fin de incluir a los altos funcionarios de todos los sectores gubernamentales, incluidos los funcionarios públicos superiores.
• La Ley sobre la comisión de delitos financieros de 2023, en la que se tipifica como delito el enriquecimiento ilícito y se traslada la carga de la prueba a los funcionarios. También faculta a la IAF para que investigue las discrepancias entre el patrimonio declarado por los funcionarios y su estilo de vida, haciéndoles rendir cuentas de la acumulación de riqueza injustificada.

El conjunto de estas normativas establece un contexto jurídico en el que la declaración incorrecta acarrea consecuencias tangibles, garantizando que las DOAs no tengan un carácter meramente simbólico, sino que sean herramientas que se puedan aplicar en la lucha contra la corrupción.

Para ejecutar esta iniciativa, Mauricio cuenta con un equipo pequeño, pero fabuloso, con amplios poderes de investigación: la División de Asuntos Internos (IAF). Está compuesta por 11 agentes especializados, cualificados en investigaciones forenses financieras y en el lugar de trabajo, y por dos agentes de apoyo, encargados de gestionar los documentos y asegurarse de que todas las declaraciones se reciben a tiempo.

Creen que “cada caso señalado es un paso hacia la rendición de cuentas” y han sacado a la luz muchas conductas incorrectas, como las autoliquidaciones fiscales erróneas, los patrones de juego excesivo y frecuente y la riqueza injustificada. Se han adoptado medidas disciplinarias que van desde apercibimientos por escrito hasta la rescisión de los contratos laborales del personal de diferentes categorías. Algunos casos incluso se han remitido a la Comisión independiente contra la corrupción (ahora Comisión de delitos financieros) y a la Policía de Mauricio a fin de que lleven a cabo investigaciones penales.

Sin embargo, el trabajo de la IAF va más allá de las investigaciones: el equipo también dirige talleres de formación en materia de ética y talleres de integridad, y realiza encuestas a escala nacional para averiguar cómo se percibe la corrupción y la integridad. Tres de los agentes especializados son expertos en integridad acreditados por la OMA, y uno es un experto en integridad reconocido por la OMA que no ha pasado por el proceso de acreditación, pero cuya experiencia y conocimientos le cualifican para representar a la OMA. Durante los últimos cinco años, estos cuatro agentes han prestado su apoyo en 39 actividades de fortalecimiento de capacidades de la OMA.

En nuestro Manual de procedimientos operativos estándar (POE) están documentados los pasos que se han de dar para verificar la DOA, y para remitirla a las auditorías fiscales.

El proceso de verificación incluye dos fases:

• Evaluación de riesgos básica a partir de que se contrata al personal, de modo que se pueda detectar lo antes posible si hay un endeudamiento financiero. En la evaluación se lleva a cabo un análisis de las declaraciones de patrimonio para ver si hay discrepancias (como activos que aumentan con más rapidez que los ingresos declarados) e incoherencias (por ejemplo, un aumento significativo e injustificado de los bienes declarados, o activos desproporcionados). Se utilizan herramientas analíticas para analizar los datos de manera automática y coherente y comparar las declaraciones a lo largo de los años, a fin de identificar patrones, cambios o anomalías. Además, la verificación de la DOA va unida a la evaluación del cumplimiento de las obligaciones fiscales; la mayor parte de la información necesaria para llevar a cabo la auditoría fiscal es interna y los investigadores pueden acceder a ella con facilidad. Los datos patrimoniales también se cruzan con los datos sobre las declaraciones de la renta, los registros de la propiedad, las operaciones financieras y las transacciones comerciales internacionales.
• Auditorías de estilo de vida, que se centran en los patrones de gasto de los funcionarios públicos o en actividades poco habituales. Si el patrimonio neto del declarante no se corresponde con su estilo de vida (por ejemplo, al ser dueño de vehículos de lujo o incurrir en gastos extravagantes), se inicia un examen completo. Se entrevista a los declarantes, se analiza su actividad en las redes sociales y se investigan los bienes de los familiares o conocidos utilizando métodos abiertos y encubiertos. 

La IAF trabaja en estrecha colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otros organismos gubernamentales para localizar los activos ocultos, incluso aquellos que están escondidos en paraísos fiscales. La IAF combina la recopilación de información, el análisis forense y las herramientas jurídicas a fin de poder rastrear la riqueza ilícita a través de las fronteras, para descubrir todas las ganancias ilícitas.

Las declaraciones de patrimonio no bastan por sí solas: deben formar parte de un ecosistema en el que la verificación sea sistemática, las consecuencias sean reales y la credibilidad del sistema sea irreprochable. En este sentido, Mauricio es la prueba de que incluso los Estados pequeños pueden ser pioneros en soluciones de gobernanza.

Una de las dificultades que surgen con el análisis de las DOA es el número de falsos positivos. Las discrepancias pueden deberse a factores legítimos, como las herencias o el patrimonio del cónyuge. Por eso es fundamental establecer un proceso de verificación en varias fases y llevar a cabo una investigación exhaustiva antes de formular acusaciones, además de aplicar protocolos de confidencialidad estrictos.

Otro reto es que la verificación manual puede requerir muchos recursos. La MRA ha realizado progresos en la automatización del proceso y ha introducido soluciones basadas en la IA, pero algunos países pueden carecer de las herramientas necesarias y de la infraestructura informática subyacente.

Por último, y dependiendo del marco jurídico, es posible que resulte difícil demostrar el enriquecimiento ilícito. La Ley sobre la comisión de delitos financieros ha trasladado la carga de la prueba a los funcionarios, pero es una medida relativamente reciente y su aplicación aún está evolucionando. Aún pueden surgir problemas legales.

Casi el 100% de los casos seleccionados por Asuntos Internos para llevar a cabo una auditoría fiscal han dado lugar a que se descubra evasión fiscal, enriquecimiento ilícito, ingresos no declarados, patrimonio injustificado y corrupción entre funcionarios de la MRA o sus colaboradores/familiares cercanos. Esto parece haber reforzado la cultura de la integridad, ya que las opiniones recogidas de una amplia gama de partes interesadas durante la Encuesta de percepción de la integridad organizativa de 2024 reflejan una valoración positiva de las políticas y prácticas en vigor. El Índice de Integridad Organizativa pasó de 75,7 a 76,8.

En países como Ghana, Kenia y Ucrania se han adoptado marcos de declaración de patrimonio similares con resultados alentadores, lo que indica que el modelo puede adaptarse a diferentes contextos políticos y económicos. La MRA queda a disposición de todas las administraciones aduaneras que deseen obtener más informaicón sobre su sistema de DOA.

Más información
Contact the author