Entre finales de abril y principios de mayo de 2024, el Estado de Rio Grande do Sul en Brasil sufrió el peor fenómeno meteorológico de su historia.  Lluvias constantes e intensas provocaron fuertes crecidas y, el 1 de mayo de 2024, el gobierno del Estado declaró el estado de emergencia en todo el territorio.

En solo tres días, el 96 % de las ciudades del Estado se vieron afectadas, con precipitaciones totales que superaron los 600 mm en algunos municipios y una gran parte del estado registró niveles de precipitación superiores a los 400 mm.  Alrededor de 2,4 millones de personas se vieron afectadas.  581.638 personas fueron desplazadas, 55.813 tuvieron que ser alojadas en refugios, 77.712 tuvieron que ser rescatadas y 178 fallecieron.

Hubo que movilizar a todo el personal y reunir el equipo de la Secretaría de Ingresos Federales para auxiliar a la Agencia de Protección Civil, encargada de coordinar la respuesta ante el desastre.  Se asignaron decenas de drones, helicópteros y camiones a las operaciones de rescate y a la distribución de suministros a los refugios de emergencia.

La Secretaría de Ingresos Federales también adoptó una serie de medidas fiscales, proporcionó bienes incautados para su distribución entre la población afectada y puso en marcha un procedimiento acelerado para facilitar la importación de donaciones que contó con el apoyo de todos los actores involucrados en las operaciones de importación, especialmente de los agentes de aduanas.

Se ampliaron hasta 120 días los plazos para todas las obligaciones fiscales y de procedimiento, con el fin de que los ingresos que, en circunstancias normales, el gobierno federal hubiera recaudado continuaran circulando en la economía del Estado afectado.

Además, al objeto de ayudar a reactivar la actividad económica, la Secretaría de Ingresos Federales también trató de acelerar el análisis y la liberación de los créditos fiscales a los que tenían derecho los contribuyentes, por un total aproximado de 1200 millones de dólares, junto con la liberación anticipada de casi 500 millones de dólares en créditos fiscales, lo que benefició directamente a más de 900 000 contribuyentes registrados en la región.

Más de 300 000 artículos que habían sido incautados por el Departamento de Aduanas, pero que no representaban ningún peligro para la salud humana, fueron entregados a la Agencia Estatal de Protección Civil, encargada de mantener las estructuras de emergencia creadas para ayudar a los desplazados.  Se trataba especialmente de ropa, alimentos, productos de higiene, colchones y juguetes.

La reglamentación aduanera de Brasil contiene disposiciones específicas para la importación de donaciones, pero éstas no están adaptadas a los desastres naturales. Todos los importadores, incluidas las instituciones gubernamentales, deben disponer de una licencia de importación y presentar las declaraciones de aduana a través del «Portal Único Siscomex», es decir, la ventanilla única de comercio exterior de Brasil.  Además, para determinadas categorías de mercancías, el procedimiento exige a los operadores la obtención de una licencia de importación que certifique la naturaleza o la calidad de dichas mercancías.  Por ejemplo, la importación de medicamentos requiere la autorización de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA).

La catástrofe desencadenó una oleada de solidaridad y, durante semanas, un gran número de mercancías declaradas como donaciones en el conocimiento de embarque continuaron llegando a docenas de oficinas aduaneras extendidas por el amplio territorio de Brasil.

El gobierno no publicó una lista de artículos o equipos esenciales exentos de impuestos y derechos de importación.  En su lugar, cualquier envío se consideraba una donación exenta de derechos e impuestos si en el conocimiento de embarque se indicaba como destinatario (es decir, como propietario legal de la carga a su llegada, con derecho a reclamar y el deber de cumplir todas las obligaciones conexas, como el pago de los derechos e impuestos de importación aplicables) al Ministerio de Asuntos Exteriores o la «Casa Militar»”[1] del Estado de Rio Grande do Sul.

Para tramitar estos envíos, se puso en marcha un procedimiento de importación simplificado por la vía rápida.  Se rogó a los importadores que cumplimentaran una declaración simplificada en formato papel donde constaban los datos de las mercancías (descripción, peso, cantidad, valor, origen y destino) y del vehículo de transporte.

Los organismos encargados de hacer cumplir la normativa aplicable a los productos importados apoyaron el nuevo procedimiento.  La ANVISA, encargada de emitir la autorización para los medicamentos y productos alimenticios; el MAPA (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento), encargado del análisis de las importaciones agrícolas; y el INMETRO (Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología), encargado de la certificación y los controles de calidad de algunos productos, expidieron las licencias y realizaron los controles necesarios con rapidez.

Por último, la Secretaría de Ingresos Federales se puso en contacto con la Unión de Agentes de Aduanas de Rio Grande do Sul para pedir a sus miembros que se ofrecieran voluntarios para gestionar el despacho de las donaciones en nombre de la Agencia de Defensa Civil y el Ministerio de Asuntos Exteriores.  Los agentes debían supervisar la llegada de las mercancías y preparar y presentar las declaraciones de aduana simplificadas.  Ateniéndose a la naturaleza de las mercancías, debían solicitar a los organismos reguladores pertinentes la expedición de licencias de importación.  Los agentes de aduanas también ayudaron al Servicio de Aduanas a elaborar una guía con instrucciones sobre cómo tramitar el procedimiento simplificado.  Este documento, que también incluía la información de contacto de los agentes que prestaban apoyo en el proceso, se envió a todas las oficinas de aduanas del país.

Se crearon grupos en aplicaciones de correo electrónico y mensajería instantánea con el fin de garantizar una comunicación rápida entre los funcionarios de la Secretaría de Ingresos Federales, los representantes de la Agencia de Protección Civil, los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y los agentes de aduanas.  Esto permitió que todas las partes implicadas en el proceso de importación en un puerto de entrada específico coordinaran sus acciones, intercambiaran información y garantizaran que las mercancías se entregaban a los transportistas autorizados en el menor tiempo posible.  También se contó con el apoyo de los transportistas, así como de los operadores de almacenes, terminales de carga, puertos y aeropuertos, que suavizaron sus requisitos administrativos e incluso renunciaron al pago de sus tasas.

La contribución de los agentes de aduanas fue debidamente reconocida por la Secretaría de Ingresos Federales en el Día Internacional de las Aduanas, el 26 de enero de 2025, cuando el Secretario federal de la Secretaría de Ingresos Federales, Carlos Alberto Freitas Barreto, entregó un Certificado de Mérito de la OMA a Marcelo Clark Alves, presidente de la Unión de Agentes de Aduanas de Rio Grande do Sul.

Las autoridades brasileñas se ocupan actualmente de la elaboración de un protocolo donde encuadrar la gestión de donaciones personales, de asistencia y de ayuda humanitaria tras una catástrofe o un desastre.  Los instrumentos de la OMA (véase el cuadro más abajo) se utilizarán para redactar dicho protocolo, que se integrará en la legislación aduanera y se pondrá a la disposición de las demás Administraciones de Aduanas por mediación de la OMA

Para más información
Contactar el RFB

[1] La Casa Militar es una institución de Brasil encargada de garantizar la seguridad y el transporte personales del gobernador, el vicegobernador y sus familias, así como la seguridad material y la gestión de varios edificios gubernamentales.