El comercio electrónico ha redefinido el panorama comercial mundial en menos de una década. Antes era un canal marginal para las ventas transfronterizas, pero hoy es la columna vertebral del comercio internacional de productos de consumo. Entre 2014 y 2024, las ventas minoristas mundiales a través del comercio electrónico pasaron de alrededor de 1,3 billones de USD a casi 7 billones de USD. El volumen de paquetes también aumentó, de aproximadamente 44.000 millones en 2014 a alrededor de 185.000 millones en 2024. Es un incremento en el que los flujos se han multiplicado por cuatro, lo que ha transformado las cadenas de suministro, el comportamiento de los consumidores y la carga de trabajo de las administraciones aduaneras.

Ello ha supuesto un profundo impacto en la gestión de las fronteras. Las administraciones aduaneras ya estaban bajo presión. Ahora se enfrentan a la tarea de controlar flujos que no se miden en contenedores, sino en millones de paquetes al día, que se desplazan desde millones de empresas a millones de personas.

Hace solo unos años, casi todos los países aplicaban un régimen de minimis con el que las importaciones de bajo valor podían entrar libres de aranceles e impuestos, a veces con un límite en el valor de las transacciones individuales y en el valor total anual de las compras transfronterizas a través del comercio electrónico por consumidor nacional. También había un umbral de notificación, y si se superaba su valor era necesario presentar una declaración completa en la aduana.

En la actualidad ha cambiado la percepción sobre las normas de minimis, que ha pasado de ser una herramienta de facilitación a una laguna legal controvertida. Los regímenes de minimis se diseñaron a fin de evitar que las administraciones tuvieran que tramitar transacciones pequeñas y para mantener la rentabilidad de la recaudación de ingresos. Al principio parecía una medida de facilitación sensata, pero con el auge del comercio electrónico ha recibido críticas por causar pérdidas de ingresos y facilitar el comercio ilícito.

El ejemplo de Estados Unidos es muy llamativo. En el ejercicio fiscal 2024 entraron 1.360 millones de paquetes por debajo del umbral de minimis de la Sección 321: casi cuatro millones de envíos al día. Las asociaciones minoristas calculan que el valor de estas importaciones superó los 67.000 millones de USD en 2023. Casi todos entraron sin aranceles ni impuestos, lo que en la práctica supone una ventaja de entre un ocho y un diez por ciento en el precio para los vendedores extranjeros frente a los vendedores minoristas nacionales, que están obligados a recaudar impuestos sobre las ventas y pagar derechos de importación.

Europa se enfrentó a una situación similar. Antes de la reforma de julio de 2021, la exención del IVA para los paquetes con un valor inferior a 22 euros provocó unas pérdidas fiscales anuales estimadas en unos 7.000 millones de euros. Lo que es aún peor, la mayoría de los envíos infravalorados se agruparon justo por debajo del umbral, lo que demuestra que los comerciantes estaban estructurando los envíos expresamente para evadir impuestos.

Brasil se ha enfrentado al mismo patrón: las asociaciones industriales locales calcularon que se perdieron casi 7.000 millones de BRL (1.400 millones de USD) de ventas anuales frente a las plataformas transfronterizas exentas del pago de derechos. También se informó de un aumento de las incautaciones de mercancías ilícitas y de calidad inferior, mientras que las capacidades de gestión de riesgos se vieron afectadas por no haber suficientes requisitos en materia de datos y por la baja calidad de los mismos.

Por eso no sorprende que los gobiernos estén cambiando de rumbo. En agosto de 2025, Estados Unidos abolió totalmente la exención de minimis. La Unión Europea ya lo había hecho en 2021 para el IVA, con la introducción de la ventanilla única para las importaciones (IOSS, por sus siglas en inglés). Recientemente, Brasil introdujo un impuesto federal del 20 por ciento en compras de hasta 50 USD para empresas certificadas en el Programa Remessa Conforme, el programa voluntario de cumplimiento de Brasil abierto a empresas nacionales y extranjeras que utilizan plataformas de comercio electrónico, sitios web o herramientas digitales para vender sus productos.

India llegó incluso a prohibir Shein por completo antes de permitir su reincorporación solo tras asociarse con una empresa nacional. Por lo tanto, el retroceso del umbral de minimis no tiene que ver únicamente con los ingresos o el riesgo. Es un reflejo de la política interna y la competitividad industrial. Los minoristas señalan que se da una ventaja injusta a los vendedores extranjeros, las industrias afirman que se están reduciendo sus protecciones arancelarias, y los responsables políticos insisten en que los consumidores que compran en línea desde el extranjero no deberían disfrutar de un privilegio fiscal que se niega a quienes compran en el país.

Lo que en su momento era práctico desde el punto de vista administrativo, se ha convertido en un motivo de controversia en la encrucijada de la facilitación del comercio, la política fiscal y la estrategia industrial.

Las plataformas están sometidas a un mayor control. Si se reducen los umbrales para los paquetes, se pide a las plataformas que asuman nuevas responsabilidades. Los gobiernos de todo el mundo han tomado medidas para tratar a los mercados digitales como guardianes del cumplimiento. En 2023, Indonesia tomó la decisión de prohibir las transacciones de la tienda TikTok. Posteriormente permitió su vuelta sujeta una estricta normativa, pero fue una clara señal de que las plataformas deben separar las funciones de las redes sociales del comercio regulado. Francia retiró temporalmente a Wish de las tiendas de aplicaciones en 2021. La readmitió cuando mejoró significativamente la seguridad del producto, lo cual demuestra que los legisladores están dispuestos a sancionar el incumplimiento en la capa de distribución.

La Unión Europea ha ido más allá y aplicó su nuevo Reglamento de Servicios Digitales para abrir un procedimiento formal contra Temu en 2024, centrándose en la trazabilidad de los vendedores y la responsabilidad de las plataformas en la gestión de los riesgos sistémicos. En la India, la prohibición y la vuelta con condiciones de Shein pusieron de relieve la misma lógica: el acceso al mercado ya no es incondicional, sino que está vinculado a compromisos de cumplimiento, seguridad y, en el caso de Shein, producción local. Estos casos muestran un cambio global. Las plataformas ya no son intermediarios neutrales; se espera de ellas que validen a los vendedores, eliminen los productos no seguros, recauden impuestos y cooperen directamente con las aduanas.

Los servicios postales siguen siendo el eslabón más débil. Las plataformas se están adaptando, pero al canal postal le sigue costando lidiar con las exigencias de la era del comercio electrónico. A pesar de obligaciones legales tales como la ley U.S. STOP y el Sistema de Control de las Importaciones 2 (ICS2, por sus siglas en inglés), hay millones de paquetes que siguen llegando sin datos electrónicos avanzados o con datos tan escasos que las aduanas no pueden hacer nada con ellos. En las auditorías de Estados Unidos se comprobó que, entre 2019 y 2021, hubo 75 millones de paquetes que entraron en el país con una información incorrecta sobre la ruta, con lo que las aduanas no fueron capaces de interceptar los envíos señalados en el puerto de entrada correcto.

Incluso cuando los datos se transmiten, su calidad suele ser deficiente. Las descripciones tales como “regalo” o “ropa” no resultan muy útiles para los sistemas automatizados de análisis de riesgo. En el caso de una auditoría estadounidense, menos del 60 % de las direcciones cumplía exactamente con las normas postales nacionales. Se suelen dejar en blanco campos fundamentales como los códigos del SA o la información sobre las SKU (o números de referencia). El problema se acentúa por la dependencia de los formularios aduaneros CN22 y CN23 (escritos a mano, inconsistentes y en los que la inclusión de códigos del SA es opcional).

Por el contrario, las normas de mensajes electrónicos de la UPU-OMA (ITMATT/CUSITM) requieren el uso de datos estructurados y legibles por máquina, incluyendo códigos SA-6, direcciones estandarizadas, identificadores únicos y enlaces a datos de envío y recepción. A partir de septiembre de 2025, los códigos SA-6 serán obligatorios para los artículos comerciales en todos los destinos que los requieran. En resumen, los formularios CN22/23 se diseñaron para una era postal manual, mientras que ITMATT se creó para una era digital. Las aduanas no pueden seguir dependiendo dej papel; ahora es indispensable contar con datos estructurados anticipados.

Hay mucho en juego desde el punto de vista operativo. Los servicios postales siguen siendo el principal canal para los paquetes de bajo valor. En 2024 gestionaron aproximadamente 70.000 millones de envíos. Sin embargo, el sector de la mensajería urgente, que procesó 55.000 millones de paquetes el mismo año, está recuperando terreno con rapidez. Además, ha solido ser más rápido a la hora de integrar sistemas robustos de datos y cumplimiento. El resultado es un panorama dividido: cada vez se ve más a los transportistas urgentes como socios fiables y con gran cantidad de datos, mientras que los flujos postales se consideran arriesgados, opacos, y con necesidad de una reforma urgente.

A medida que aumenta el flujo de paquetes, también lo hace la complejidad del riesgo. Los falsificadores aprovechan los envíos pequeños como una forma de no ser detectados, inundando los mercados con productos inseguros, juguetes, cosméticos y productos electrónicos. Los traficantes de drogas utilizan el mismo canal; un solo sobre puede ocultar suficiente fentanilo como para provocar múltiples muertes. El fraude también está muy extendido: infravaloración sistemática, envíos fraccionados diseñados para permanecer por debajo de los umbrales e identidades falsas del remitente o del destinatario. Todo ello distorsiona la recaudación y desvirtúa los modelos de identificación de objetivos.

Frente a estos retos, las administraciones aduaneras están moviendo la frontera hacia los datos. Sistemas tales como el ICS2 de la UE amplían los requisitos de datos previos a la llegada a todos los modos de transporte, lo que posibilita que las aduanas identifiquen los paquetes de alto riesgo incluso antes de que salgan del país de origen. Los modelos de recogida en caja, como el programa voluntario de la UE de Ventanilla única para las importaciones (IOSS, por sus siglas en inglés) y la Remessa Conforme de Brasil, alinean los incentivos haciendo que las plataformas sean responsables de la recaudación de impuestos y la transmisión de datos. Se está reforzando la obligación de verificar la identidad del vendedor y la seguridad del producto, no solo a través de las aduanas, sino también con marcos normativos horizontales como el Reglamento de Servicios Digitales de la UE.

A nivel operativo, las aduanas están invirtiendo en modelos de riesgo adaptados a los envíos pequeños, en tecnologías de inspección no intrusiva optimizadas para lograr un alto rendimiento, y en cooperación con los servicios postales para acabar con las deficiencias en el cumplimiento. La Organización Mundial de Aduanas y la Unión Postal Universal mantienen su apoyo con orientación y normas, pero el factor decisivo sigue siendo la aplicación a nivel nacional.

Es necesario y urgente pasar de las declaraciones a los conjuntos de datos. La era de las normas de minimis como herramienta de facilitación está llegando a su fin. Lo que en su momento fue una forma de simplificar la gestión de las fronteras se ha convertido en una laguna legal controvertida en el centro de los debates sobre equidad fiscal, política industrial y seguridad del consumidor. La nueva frontera no tiene que ver con los umbrales de valor, sino con los datos. Las jurisdicciones que conseguirán que sus fronteras sigan funcionando como puntos de paso serán aquellas que actúen con rapidez para garantizar un acceso temprano y estructurado a los datos electrónicos, que hagan rendir cuentas a las plataformas como socios de cumplimiento, y que ofrezcan facilitación a quienes cumplan. Las que no lo hagan corren el riesgo de permitir que los pequeños paquetes se conviertan en una laguna legal de cumplimiento a gran escala, en la que los costes no solo se midan como pérdida de ingresos, sino también en términos de seguridad de los consumidores, competitividad industrial y confianza de los ciudadanos.