Para comprender mejor lo que supone este ejercicio, podemos examinar lo que Hacienda y Aduanas de Gran Bretaña (HM Revenue & Customs) espera de los agentes de aduana (la lista no es exhaustiva[1]):
- Comprobar el lugar de establecimiento de la empresa;
- Presentar pruebas de que la empresa posee su propia cuenta o cuentas bancarias;
- Facilitar un set de sus cuentas anuales, especialmente las cuentas de explotación y los balances;
- Presentar la prueba de la solvencia y capacidad de crédito de la empresa, especialmente para saber si es objeto de un procedimiento de liquidación o recuperación;
- Presentar la prueba de que la empresa no es objeto de un procedimiento de quiebra o a una sentencia judicial por deudas pendientes;
- Comprobar que el cliente dispone de los certificados y licencias pertinentes antes de la importación de las mercancías, en función del tipo de mercancías de que se trate;
- Comprobar que el empresario ha adoptado las medidas necesarias para garantizar que su cadena de suministro no está implicada en actividades fraudulentas.
Además de estos requisitos, es preciso investigar otros aspectos, especialmente los relacionados con la corrupción : aportar prueba de la existencia, de hecho y de derecho, del operador extranjero y de la identidad de sus controladores y administradores; prueba de la condición de comprador real, de responsable del pedido o de vendedor de las mercancías. También es preciso investigar las especificaciones de las marcas comerciales y la legitimidad de los derechos de reproducción utilizados en las mercancías, etc.
Actualmente, el proceso de verificación de un cliente o proveedor es complejo y financieramente gravoso, debido a la existencia de diversos sistemas de registro de empresas y de normas para las mercancías. En este aspecto, la introducción de normas y de sistemas unificados de identificación de empresas y mercancías en las cadenas de suministro comerciales supondría un punto de inflexión para todas las entidades implicadas en el comercio internacional, también para las Autoridades aduaneras. La existencia de sistemas de identificación digital y marcos reglamentarios que permiten que una entidad confirme su identidad en línea podría cambiar la forma en que se efectúan las transacciones transfronterizas. No existe todavía, sin embargo, un sistema de identificación único mundialmente reconocido ni para los sujetos (personas y entidades jurídicas) ni para los objetos (materiales/mercancías e inmateriales/intangibles).
Las herramientas existentes para las empresas y los gobiernos no se centran en las cuestiones aduaneras y pueden ser costosas
Existen herramientas para facilitar la gestión del cumplimiento, que las empresas utilizan para obtener informes que les permitan decidir si pueden trabajar con una parte y saber si dicha parte es quien dice ser, si cumple las normas medioambientales, sociales y de gobernanza, si es competente para realizar el trabajo, si comparte los mismos valores y código de conducta, si es capaz de causar perjuicio económico o hacer un uso indebido de los datos que se le comuniquen, etc.
Si bien el precio de un informe tipo/ básico puede ser bastante bajo para los casos relativamente sencillos, para los casos más complejos puede ser más elevado, ya que exige la intervención de expertos. Las grandes empresas suelen contratar a proveedores de servicios para que realicen esta tarea, como lo hacen los gobiernos, pero muchas PYMES no disponen de los recursos necesarios para ello.
Según una encuesta realizada a tres multinacionales que analizan las bases de datos mundiales para identificar los riesgos en materia de cumplimiento, una suscripción mensual que incluye un número limitado de informes cuesta una media de 1000 dólares estadounidenses al mes. Según el modelo de pago por uso, los precios giran en torno a los 100 dólares estadounidenses por informe, y aumentan en función de la dificultad de la investigación exigida.
Los informes de cumplimiento de este tipo no abordan específicamente las cuestiones aduaneras, pero la elaboración de herramientas de extracción de datos permite incluir fácilmente en el análisis informaciones procedentes de las aduanas y de los organismos reguladores. Además, los informes proporcionan a menudo informaciones, datos y estadísticas comerciales anonimizadas, en la línea de lo que se puede hacer utilizando el Global Trade Helpdesk[2], y avalan o certifican la información sin compartir datos comercialmente sensibles, como los certificados de origen preferencial digitales.
Los redactores de estos informes pueden insertar cualquier información destinada tanto a las empresas privadas como a las aduanas y, más especialmente, a sus departamentos encargados de la gestión de riesgos.
Por ejemplo, el análisis de los datos financieros de un fabricante potencial puede aportar pruebas sustanciales sobre su capacidad efectiva de producción en el país declarado como el país de origen de las mercancías o sobre la posible existencia de operaciones triangulares que utilizan paraísos fiscales o territorios con regímenes fiscales privilegiados. Un informe de cumplimiento puede también indicar si una empresa es objeto de sanciones.
Dicho esto, el volumen de datos y estadísticas que estas empresas facilitan en dichos informes puede hacer que resulten complicados de interpretar. El número de empresas por supervisar hace esta tarea todavía más compleja.
Los programas de operadores económicos autorizados (OEA) y los regímenes aduaneros no se adaptan a los recursos de todas las empresas
Los gobiernos no se limitan solo a castigar a los infractores, fomentan también el cumplimiento ofreciendo facilitaciones a los operadores que identifican los posibles riesgos relacionados con sus actividades, sus clientes y sus proveedores; adoptan medidas concretas a este respecto y presentan un historial de cumplimiento de reglamentaciones concretas y de la ley en general. En consonancia con los instrumentos de la OMA, muchas Administraciones de Aduanas han implantado programas de certificación de cumplimiento, como los programas de OEA, con el objetivo de crear un ecosistema de confianza. Algunos programas de OEA van más allá de los requisitos recomendados por la OMA en materia de seguridad y contemplan, por ejemplo, la prevención de la corrupción y de los trabajos forzados.
Algunos regímenes aduaneros, especialmente aquellos que prevén exenciones o suspensiones de impuestos, también imponen obligaciones a los beneficiarios que les obligan a ser más diligentes en sus operaciones. Se puede tratar del pago correcto y puntual de los impuestos y, en algunos casos, las empresas beneficiarias pueden también verse obligadas a establecer relaciones comerciales únicamente con socios cualificados.
Lamentablemente, dichos sistemas no benefician a todas las empresas por igual. En su obra titulada “Supporting SMEs through trade facilitation reforms”, el Centro de Comercio Internacional explica que “las PYMES están a menudo excluidas de los sistemas de operadores de confianza, como los programas de operadores económicos autorizados (OEA), dado que no satisfacen los requisitos en materia de seguridad y de garantía. Del mismo modo, las PYMES rara vez se benefician de la posibilidad de obtener el levante antes del despacho en la misma proporción que las grandes empresas, ya que deben proporcionar garantías que resultan más costosas.”[3]
Se necesitan normas y directrices más inclusivas
Las normas y las directrices internacionales desempeñan un cometido esencial en el comercio internacional, que beneficia tanto a los que establecen las normas como a los que las aplican. No obstante, las limitaciones y restricciones propias de las PYMES y de los países menos adelantados se deberían tener en cuenta en el momento de elaborar directrices, marcos, recomendaciones, especificaciones técnicas, orientaciones, libros blancos, recopilaciones, documentos de investigación o informes.
Sería de gran ayuda disponer de datos sobre las prácticas en materia de gestión de riesgos
Muchos gobiernos externalizan las actividades que el sector privado puede desempeñar mejor. Se trata de actividades que incluyen la custodia y el control de las mercancías en depósitos de aduanas, así como muchos otros procedimientos relacionados con la inspección, por ejemplo, el pesaje, el escaneo y el control de la posible contaminación por drogas y medicamentos.
Con la aparición de las herramientas de aprendizaje automático y los macrodatos, la gestión de riesgos también se ha externalizado, especialmente en los países menos adelantados y países en desarrollo. Las empresas privadas pueden colmar lagunas de información creando bases de datos sobre el valor de las mercancías, la propiedad de las empresas y las relaciones comerciales, al tiempo que utilizan datos abiertos y oficiales que no son procesados por los programas informáticos de gestión de riesgos de las autoridades aduaneras.
Una vez más, la transparencia en cuanto a la metodología utilizada en materia de control ayuda a fomentar el cumplimiento. Algunas Administraciones de Aduanas son completamente transparentes en sus informes anuales sobre los controles efectuados y las lecciones aprendidas, concediendo así a las empresas la posibilidad de comprender mejor las exigencias en materia de cumplimiento.
Para más información
eduardoleite@tradeandcompliance.org
[1] https://www.gov.uk/guidance/due-diligence-when-making-customs-declarations
[2] El Global Trade Helpdesk (GTH) es una iniciativa de múltiples agencias liderada conjuntamente por el CCI, la UNCTAD y la OMC, que tiene como objetivo simplificar los estudios de mercado para las empresas, y especialmente las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), mediante la integración de la información comercial y empresarial en un único portal en línea.
[3] https://intracen.org/resources/publications/supporting-smes-through-trade-facilitation-reforms-toolkit-for-policymakers
