Informe: esfuerzo colectivo

Colaboración público-privada: las necesidades del comercio en lo que respecta a las infraestructuras institucionales

17 November 2026
By John Edwin Mein, coordinador ejecutivo; Antonella Lanfranconi, coordinadora de proyectos; y Tatiana Farane Mein, coordinadora de proyectos,, Instituto Procomex

Cuando los gobiernos hablan de cómo mejorar el comercio, en el debate se suelen abordar primero las infraestructuras físicas: carreteras, puentes, puertos, instalaciones fronterizas y tecnologías de la información. Todas ellas son imprescindibles, pero la experiencia a lo largo Sudamérica demuestra que hay otro tipo de infraestructuras que tienen la misma importancia y a las que se les presta mucha menos atención: las infraestructuras institucionales que posibilitan la colaboración entre los sectores público y privado.

El comercio no depende de una sola agencia gubernamental. Tampoco tiene lugar únicamente en el sector privado. Un envío que atraviesa la frontera pasa por un sistema interconectado en el que intervienen exportadores, importadores, transportistas, agentes de aduanas, proveedores de servicios de logística y operadores de terminales, por un lado, y, por otro, autoridades aduaneras, sanitarias y fitosanitarias, servicios de inmigración, organismos de seguridad y otros organismos reguladores. Cuando estas partes interesadas actúan de forma independiente, es posible que hasta los procedimientos individuales mejor diseñados, si se combinan, puedan provocar retrasos y costes innecesarios. Cuando hay colaboración, los mismos controles pueden ser más rápidos, más predecibles y más eficaces.

La interdependencia es lo que marca esta diferencia. Ninguna de las partes cuenta con todos los conocimientos, recursos, capacidades o autoridad necesarios para que el sistema de comercio funcione con eficacia de principio a fin. Reconocer esta realidad es el primer paso para una colaboración eficaz.

Procomex tiene experiencia con dos proyectos clave en América Latina: el Mercado Común del Sur (conocido por sus siglas en español, MERCOSUR) y el Corredor Bioceánico de Capricornio. Con ellos se demuestra lo que se puede hacer en la práctica si se tiene en cuenta dicha interdependencia.

En ambos casos, los participantes de los sectores público y privado aportaron diferentes enfoques y conocimientos especializados a los mismos procesos comerciales, y colaboraron para identificar oportunidades de mejora y desarrollar soluciones por consenso. En agosto de 2026, en el paso de Jama entre Argentina y Chile, se desvió a cientos de camiones tras el cierre de otros puntos fronterizos por las fuertes nevadas. Este suceso muestra la otra cara de esa interdependencia: lo que puede suceder cuando no hay mecanismos de coordinación establecidos previamente.

Cada vez es más difícil no llegar a esta conclusión: la colaboración entre el sector público y el privado ya no se debería abordar como un mecanismo de consulta puntual, sino como un componente permanente de la gobernanza comercial.

Abordar el sistema de comercio en su totalidad

Una frontera funciona como un sistema único, pero cada participante solo lidia con una parte del mismo. Las aduanas se centran en los procedimientos, en el cumplimiento de las normas y en los riesgos. Las autoridades sanitarias se encargan de los requisitos necesarios para proteger la salud. Las autoridades migratorias se centran en la circulación de personas, y las autoridades de transporte se ocupan de los vehículos y las infraestructuras. Para una empresa de transporte por carretera, la frontera es una etapa más del trayecto desde el punto de origen hasta el de destino; para un exportador, lo que importa es que la mercancía llegue a tiempo al cliente.

Ninguno de estos enfoques es erróneo, pero ninguno está completo.

Por eso, al reunir a las distintas partes se pueden lograr resultados difíciles de alcanzar cuando las instituciones y las empresas analizan los problemas por separado. Si un participante percibe que un retraso no tiene explicación, puede haber una razón normativa perfectamente comprensible. Por el contrario, un requisito que parezca sencillo desde el interior de un organismo puede generar duplicidades o un cuello de botella no deseado si se combina con requisitos impuestos en otras fases del proceso.

Hay dos grandes iniciativas que ponen de manifiesto la magnitud y el valor de combinar estos enfoques.

La primera es la gestión coordinada de las fronteras en el MERCOSUR, el proceso de integración regional creado inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al que se sumaron posteriormente Venezuela (actualmente suspendida) y Bolivia (cuyo proceso de adhesión aún está en curso). En esta iniciativa se movilizaron 545 representantes del sector privado y 242 participantes del sector público en 10 pasos fronterizos entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Hubo 52 reuniones en las que los participantes analizaron conjuntamente los procesos fronterizos, identificaron 274 oportunidades de mejora y propusieron 347 acciones.

Posteriormente se trabajó en el Corredor Bioceánico de Capricornio, que conecta el puerto atlántico de Santos, en Brasil, con los puertos del Pacífico de Antofagasta e Iquique, en Chile. Allí se aplicó el mismo principio de colaboración en Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. Participaron 469 representantes del sector privado, procedentes de 282 empresas y 43 asociaciones empresariales, junto con 161 representantes de 65 organismos públicos e instituciones académicas o educativas. Se celebraron 19 reuniones virtuales y 10 presenciales, y en el proceso se pudieron identificar 231 oportunidades de mejora y preparar 264 medidas acordadas por consenso.

La importancia de estas cifras radica no tanto en el tamaño de los proyectos como en lo que se logró gracias a la movilización. Las empresas, los transportistas, los agentes de aduanas y las asociaciones aportaron conocimientos operativos sobre la forma en la que los procedimientos interactúan en la práctica. Las autoridades públicas brindaron sus conocimientos con respecto a los riesgos y las limitaciones legales que tienen que ver con dichos procedimientos. En lugar de que una de las partes planteara sus exigencias a la otra, los participantes pudieron reconstruir juntos el proceso de principio a fin, comprender por qué surgían los problemas y decidir qué soluciones resultaban útiles desde el punto de vista operativo y viables desde el punto de vista institucional.

La distinción es importante. La colaboración entre el sector público y el privado no es una mera consulta. Es un mecanismo para sumar conocimientos que, de otro modo, estarían dispersos por todo el sistema de comercio.

Además, no todas las mejoras identificadas en este proceso requerían un puente nuevo, un sistema de información de varios millones de dólares o una larga reforma legislativa. Los logros inmediatos fueron algunos de los resultados más reveladores: problemas operativos en los que se pudo avanzar simplemente porque se reunió a las personas responsables de las distintas partes del proceso, se comparó lo que hacía cada uno y se entendió la manera en que sus decisiones afectaban a los demás.

Uno de los ejemplos más claros fue el de la frontera de Chuí-Chuy, entre Brasil y Uruguay. Durante el proyecto, las autoridades aduaneras y los operadores del sector privado se reunieron en la frontera en sesiones de trabajo presenciales, de modo que los participantes pudieron observar el proceso conjuntamente y abordar directamente las limitaciones operativas. Este diálogo ayudó a acelerar las conversaciones bilaterales que se mantenían desde hacía tiempo y facilitó la puesta en marcha de un único centro de control en el lado brasileño para los trámites aduaneros que llevan a cabo ambos países. El cambio sirve para mostrar que, si se reúne a las partes responsables en torno a la operación en sí, un cuello de botella identificado se puede convertir en una solución práctica, incluso aunque aún queden por abordar retos más amplios, como la armonización de los horarios de funcionamiento, las infraestructuras, los controles de migración y los procedimientos de pesaje.

Hubo un segundo ejemplo en la frontera de Gualeguaychú-Fray Bentos, entre Argentina y Uruguay. Allí, en el proyecto se observó que la duplicación de las inspecciones no intrusivas de la mercancía provocaba muchos retrasos innecesarios. A continuación, las autoridades aduaneras llegaron a un acuerdo para compartir las imágenes de los escáneres y la información correspondiente. Ambas administraciones pudieron así utilizar los mismos datos de inspección en lugar de repetir automáticamente el proceso a ambos lados de la frontera. Este acuerdo no solo sirve para reducir duplicaciones, sino que también pone de manifiesto que compartir información puede reforzar tanto el control como la facilitación: las autoridades mantienen sus respectivas responsabilidades de supervisión y al mismo tiempo acceden a la información ya elaborada por sus homólogos.

En Paraguay, el proceso de colaboración también sirvió para dar visibilidad a las tasas portuarias impuestas por la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP). Los interlocutores del sector privado habían señalado que suponía un gran problema para la competitividad. El Gobierno de Paraguay eliminó a continuación estas tasas mediante el Decreto Presidencial n.º 2043, que derogó el Decreto n.º 1306/2003. La medida sirvió para reducir en unos 18 millones de USD los costes anuales que antes recaían sobre los importadores y exportadores, y al mismo tiempo eliminó los trámites administrativos correspondientes en la frontera. Para llevar a cabo este cambio fue necesaria una decisión del gobierno, pero es un ejemplo de cómo funciona la colaboración estructurada, gracias a la identificación y priorización del problema mediante el diálogo entre el sector público y el privado: posibilitar que se analicen las limitaciones operativas a las que se enfrentan las empresas de acuerdo con las autoridades capaces de resolverlas.

Estos ejemplos son importantes porque revelan un coste oculto derivado de la fragmentación institucional. Hay veces en las que el obstáculo para el comercio no es la falta de recursos, o ni siquiera una normativa inadecuada. Lo que sucede es que uno de los interlocutores no sabe lo que el otro necesita, ve o es capaz de hacer.

Una reunión no es suficiente para construir un puente. Pero puede servir para mostrar que dos organismos están solicitando la misma información, que hay una falta de coordinación injustificada entre las prácticas operativas a ambos lados de una frontera, que un operador privado ha malinterpretado la finalidad de un requisito o que una autoridad desconoce las consecuencias operativas provocadas por forma en que se está aplicando una norma. En tales casos, la propia comunicación puede convertirse en un instrumento de facilitación del comercio.

Esto no significa que sea fácil resolver todos los problemas en las fronteras. En ambos proyectos se señalaron problemas que tenían que ver con las infraestructuras, la tecnología, la normativa, los procedimientos y los recursos humanos. Para encontrar soluciones es necesario actuar a nivel nacional, bilateral y multilateral. Para muchas de ellas se necesitará un compromiso político y unas inversiones duraderas.

Sin embargo, gracias al proceso de colaboración se logra algo fundamental, incluso para esos problemas más difíciles: un diagnóstico compartido y una solución en la hayan participado las partes interesadas relevantes. Esto es completamente diferente a que cada institución optimice su propia parte del proceso por separado. Significa que se comience por el desempeño del sistema de comercio en su conjunto.

Y plantea una cuestión importante: si la colaboración estructurada puede ayudar a las partes interesadas a comprender y resolver problemas operativos en condiciones normales, ¿qué ocurre cuando de repente el sistema se enfrenta a situaciones para las que no estaban diseñados los procedimientos habituales? La experiencia en Jama nos da una respuesta.

Jama: cuando la ineficiencia pasa a ser en una emergencia

Los acontecimientos recientes en el paso de Jama, entre Argentina y Chile, muestran la importancia de contar con mecanismos de colaboración bien establecidos. Durante casi dos semanas, entre finales de julio y principios de agosto de 2026, se produjeron fuertes nevadas que cerraron el paso fronterizo de Los Libertadores entre Argentina y Chile. Ello hizo que se tuviera que desviar el tráfico de mercancías hacia el norte por pasos de gran altitud como el de Jama, de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Allí quedaron bloqueados cientos de camiones. Muchos transportaban carne, aves, pescado y fruta refrigerados y congelados. Según los datos de seguimiento de una empresa de transporte, los retrasos medios eran superiores a las 75 horas, y en algunos casos de más de 10 días. Procomex recibió informes de los operadores en los que se informó de que al menos dos conductores fallecieron durante el periodo más crítico, y otros tuvieron que ser hospitalizados.

El cierre se debió a las condiciones meteorológicas extremas, pero ese no fue el único motivo por el que los vehículos permanecieron bloqueados durante tanto tiempo. Cuando se dirigía a los camiones hacia otro paso fronterizo, no podían simplemente llevarse los documentos necesarios. Si, por ejemplo, se modificaba la documentación de transporte, los cálculos de los fletes y a los valores CIF se podrían ver afectados, lo que provocaría discrepancias en otras fases del proceso. En el caso de los cargamentos de alimentos, podía ser necesario anular primero los certificados sanitarios vinculados al paso fronterizo original y, a continuación, volver a expedirlos para el nuevo. Cada uno de estos trámites requiere una media de tres días laborables. Hay otros documentos y autorizaciones que podrían provocar más retrasos. En condiciones normales se podían gestionar estos requisitos, pero fue mucho más difícil lidiar con ellos cuando se interrumpió el flujo habitual de tráfico.

La situación en Jama muestra un principio fundamental de la gestión coordinada de las fronteras: cada eslabón puede realizar correctamente su función mientras la cadena en su conjunto falla. Las autoridades pudieron aplicar sus normas respectivas según lo previsto, pero el resultado conjunto fue la interrupción de todo el flujo de desplazamientos. Los camiones se encontraban físicamente en la frontera, pero no constaban para la administración, porque sus declaraciones habían sido rechazadas o aún no se habían emitido. La consecuencia es que quedaban fuera del panorama operativo conjunto.

Por lo tanto, no se trataba necesariamente de que una única institución hubiera fallado. Lo que sucedió es que no había ningún mecanismo capaz de garantizar la visibilidad y la responsabilidad compartida de un extremo a otro del flujo de desplazamientos.

En ese momento sucedió algo importante.

Al faltar dicho mecanismo, las partes interesadas del sector privado (incluyendo a los agentes de aduanas, los representantes legales, las empresas de transporte y los operadores) comenzaron a movilizar a sus contactos y a conectar los distintos eslabones de la cadena logística. Gracias al diálogo con las autoridades públicas se pudo por fin desplazar los camiones, que llevaban días bloqueados, a una zona con condiciones más apropiadas y en la que se podían llevar a cabo los controles necesarios.

Con esta colaboración se pudo hacer frente a la crisis inmediata, pero también se comprobó que había un punto débil más profundo. La respuesta tuvo lugar gracias a una movilización improvisada, a la buena voluntad y a las relaciones personales, una vez que la situación ya se había vuelto crítica.

Por lo tanto, la conclusión no es que baste con la colaboración informal, sino que se tiene que institucionalizar. La buena voluntad no es un sistema, y las redes personales no son política pública.

De la colaboración por necesidad a la colaboración planificada

El caso de Jama pone de manifiesto por qué la colaboración no puede depender de relaciones que solo se establecen una vez que se ha producido un problema. En el caso de los corredores comerciales internacionales y los principales pasos fronterizos, se debe incluir la coordinación entre el sector público y el privado en la propia planificación de contingencia.

Con las iniciativas del MERCOSUR y del Corredor Bioceánico se muestra que la colaboración entre las autoridades públicas y los operadores del sector privado puede generar una visión común sobre cómo funcionan los procesos comerciales y dónde fallan. Cuando se produce una emergencia, esa misma capacidad cobra aún mayor importancia: hay que tomar decisiones con rapidez, entre instituciones y a través de las fronteras, con información incompleta y en condiciones para las que no se habían diseñado los procedimientos habituales.

El primer intercambio de tarjetas de visita entre los gobiernos y el sector privado no debería tener lugar durante una tormenta de nieve, una inundación, un deslizamiento de tierra, un fallo del sistema u otra emergencia. Antes se tendrían que haber establecido las relaciones, las responsabilidades y los canales de comunicación necesarios para dar respuesta.

Por eso, en los mecanismos de contingencia se debería identificar con antelación a los puntos de contacto de los sectores público y privado, establecer canales de comunicación y de remisión a un nivel superior, proporcionar visibilidad en tiempo real sobre los vehículos, los conductores y la carga, y definir procedimientos para el desvío de los envíos. También se debería determinar cómo se pueden corregir o revalidar rápidamente los documentos de transporte, aduaneros y sanitarios cuando cambie un paso fronterizo designado, y qué requisitos se pueden tramitar a posteriori sin poner en peligro el control.

Lo importante es la capacidad de coordinar el flujo de desplazamientos de un extremo a otro, en lugar de dejar que cada institución actúe únicamente dentro de los límites de su propio mandato. Cuando se produce una interrupción, no se puede perder tiempo en determinar qué organismo es el responsable, en localizar al contacto pertinente del sector privado o en reconstruir la situación a partir de información fragmentada. Con un mecanismo de contingencia eficaz debería ser posible saber dónde están los vehículos y la mercancía dentro del proceso, averiguar por qué no se mueven y coordinar a los interlocutores que puedan resolver esas dificultades.

Dichos mecanismos no suponen que haya que reducir los controles aduaneros, sanitarios o de seguridad. Al contrario, la experiencia en Jama demuestra por qué la facilitación y el control han de diseñarse conjuntamente. Las circunstancias excepcionales requieren procedimientos que mantengan los objetivos de dichos controles y, al mismo tiempo, permitan a las autoridades y a los operadores adaptar la forma en que se aplican. No se trata de controlar menos, sino de garantizar que el sistema de comercio pueda seguir funcionando con seguridad y eficacia cuando ya no se den las condiciones operativas normales.

La colaboración debe formar parte de la estructura del comercio

La conclusión general va más allá de la preparación ante situaciones de emergencia. Tanto las iniciativas del MERCOSUR y del Corredor Bioceánico como las mejoras operativas que surgieron a partir de ellos y la experiencia en Jama, muestran la importancia de considerar la colaboración público-privada como un componente permanente de la gobernanza comercial, y no como un mecanismo de consulta puntual.

Esto significa que hay que involucrar a las autoridades públicas y a los operadores del sector privado en todo el proceso de desarrollo y gestión del sistema de comercio: a la hora de diseñar la normativa, revisar los procesos, desarrollar los sistemas digitales, planificar las infraestructuras, medir el desempeño y elaborar los planes de contingencia. Para hacerlo es necesario contar con mecanismos permanentes con una representación clara de los sectores público y privado, nombrar a los puntos de contacto, tener planes de acción cuantificables y hacer un seguimiento periódico. En el caso de los corredores estratégicos, estas disposiciones deberían ir más allá de las fronteras, mediante protocolos de contingencia que se puedan activar cuando fallen las condiciones habituales de funcionamiento.

No se trata únicamente de crear más oportunidades para el diálogo, sino de vincular los conocimientos y las responsabilidades que están dispersos por todo el sistema de comercio. Los gobiernos tienen la autoridad para regular y controlar el comercio, y son conscientes de los objetivos y las limitaciones relacionados con dichos controles. Las empresas, los transportistas, los agentes de aduanas, las asociaciones y otros operadores conocen la forma en que los requisitos interactúan en la práctica en toda la cadena logística. Ninguna de las dos perspectivas ofrece una visión completa por sí sola. La colaboración permanente posibilita la suma de ambas cuando se toman decisiones, en lugar de hacerlo únicamente tras la aparición de los problemas.

Todo lo anterior es aún más importante ahora que Sudamérica está apostando por una mayor integración regional. La ambición que subyace al MERCOSUR y al Corredor Bioceánico de Capricornio va más allá de reducir los tiempos de paso fronterizo. Se trata de crear un espacio económico integrado en el que se pueda vincular a los productores del interior de Sudamérica con los mercados regionales y mundiales. Para lograrlo, es necesario gestionar el comercio no como un conjunto de responsabilidades institucionales distintas, sino como el sistema interconectado que realmente es.

Las inversiones físicas necesarias para esa integración son considerables, pero las carreteras por sí solas no bastan para crear un corredor comercial eficiente. Tampoco son suficientes los puentes, los complejos fronterizos ni las plataformas digitales, si las instituciones que los gestionan siguen trabajando de forma aislada. Las infraestructuras conectan lugares. Los procedimientos permiten que las mercancías se desplacen de unos a otros. La colaboración público-privada conecta a las instituciones, las empresas y las personas responsables de que todo el sistema funcione.

En definitiva, la fuerza de la integración regional no solo se pone de manifiesto por las infraestructuras que construyen los países o por los acuerdos que firman, sino también por la forma en que sus instituciones y comunidades comerciales pueden trabajar juntas cuando las mercancías llegan a la frontera, y si esa capacidad de colaborar sigue dándose cuando el sistema está bajo presión.

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